Con amenazas de cárcel, apresamientos y multas ejecutadas en los últimos dos días, el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, endurece su confrontación con la oposición.

El martes pasado el mandatario juramentó el “Comando Especial Antigolpe”, cuyo líder es el nuevo vicepresidente Tareck El Aissami y el miércoles comenzó la escalada con la detención del diputado suplente por el estado Miranda, Gilber Caro.

A pesar de gozar de inmunidad parlamentaria, el diputado por el partido Voluntad Popular –liderado por Leopoldo López– fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y acusado públicamente por el Vicepresidente y el ministro de Interior, Néstor Reverol, de ser el organizador de supuestos “grupos de choque” que generarían “un plan desestabilizador y hechos de violencia” en el cual incluso participaría la esposa de López, Lilian Tintori.

Según las autoridades, Caro portaba un fusil semiautomático y explosivos al momento de su detención y contaba con el supuesto apoyo de paramilitares colombianos.

A través del canal del Estado, el ministro Reverol hizo pública una supuesta conversación telefónica entre Tintori y Caro en la que grupos armados “asaltarían” el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, para rescatar de la cárcel al líder del partido naranja. En el audio publicado no se escucha una sola frase concluyente al respecto, y aunque Caro fue detenido en una carretera mientras se dirigía a Caracas, el Gobierno asegura que fue atrapado en flagrancia, es decir, cometiendo el delito, única forma permitida por la ley venezolana para detener a un diputado.

En las ultimas horas fue detenido nuevamente el general Raúl Isaías Baduel, al acudir a su acostumbrada presentación semanal ante los tribunales luego de que se le otorgó una medida de “casa por cárcel” para terminar de cumplir la condena de ocho años de prisión por supuesta corrupción.

Por su parte el contralor General venezolano, Manuel Galindo, anunció la apertura de una investigación administrativa contra el gobernador del estado Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles, para corroborar o descartar supuestas irregularidades en manejos del presupuesto regional encontradas en auditorías practicadas en los años 2012 y 2015 a su despacho. De encontrarse culpable de manejos fraudulentos, el gobernador podría ser sancionado con la inhabilitación administrativa y política, con lo cual no podría postularse para algún proceso electoral e incluso podría costarle años de cárcel.

La decisión de la Contraloría es evaluada por la oposición como una movida política para debilitarla y neutralizar el liderazgo de Capriles en un eventual escenario electoral.

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Maduro arrecia contra oposición en Venezuela.

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